Gobierno y partidos acordaron implementación del nuevo CPP en 2017

El gobierno y los partidos políticos acordaron la implementación “integral” del nuevo Código del Proceso Penal, a partir del 1 de febrero de 2017.

Tras la reunión celebrada este martes entre el Poder Ejecutivo y representantes de los distintos partidos políticos, el Presidente, Tabaré Vázquez, anunció el primer acuerdo en el marco de los encuentros para definir políticas de Estado para combatir la inseguridad.

En esta instancia estuvieron invitados el fiscal de corte, Jorge Díaz, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique.

El nuevo Código del Proceso Penal (CPP), aprobado en el Parlamento en 2014, incorpora el proceso “acusatorio”. Esto supone que las investigaciones pasan a estar en manos de los fiscales y no en los jueces, como sucede en la actualidad. Además, incorpora las audiencias orales y públicas.

En conferencia de prensa en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, el mandatario dijo que el gobierno incluirá en la próxima rendición de cuentas los recursos económicos necesarios para que el proceso se pueda poner en marcha.

Este punto es fundamental, en tanto que el nuevo sistema requiere de inversión tanto para la capacitación de recursos humanos como para el diseño de infraestructura edilicia. Los fondos estarán disponibles a partir del 1 de enero del 2017. A partir de esa fecha la Fiscalía y la Suprema Corte de Justicia tendrán seis meses para implementar el nuevo código.

Si bien hay un acuerdo general sobre la necesidad de implementar el nuevo código de forma integral -con un cronograma que asegure la entrada en vigencia de la forma más breve posible- aún existen algunas diferencias entre la oposición y el gobierno. Mientras que el gobierno pretende aplicar el nuevo código del proceso con un criterio por zonas geográficas, para el Partido Nacional debe hacerse de forma “universal”, ya que la aplicación por áreas geográficas podría ser “inconstitucional”.

El Fiscal de Corte, Jorge Díaz, se mostró contrario a “una aplicación parcial del CPP y por territorio en un país pequeño como nosotros” ya que “pueden haber problemas constitucionales”.

De todas formas, aclaró que “con los proyectos presentados, con estas modificaciones, la Fiscalía General de la Nación estaría en condiciones de comenzar a trabajar con el nuevo Código del Proceso Penal desde el 1 de febrero de 2017”.

Sobre este tema, el senador nacionalista Javier García solicitó una semana de plazo para analizar la aplicación parcial del Código del Proceso Penal y presentar una posición definitiva.

Por otro lado, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, subrayó que el acuerdo alcanzado adelantará un año y medio el proyecto que estaba en el Parlamento, lo cual valoró “como un gran avance”.

El único partido que manifestó discrepancias con los proyectos presentados fue Unidad Popular. Eduardo Rubio dejó constancia de que su partido no está de acuerdo con la aplicación parcial del código y planteó la necesidad de analizar las causas estructurales de la violencia social, solicitud que se acordó debatir en futuros encuentros.

En segundo lugar, en la reunión se trató la puesta en práctica de un proceso abreviado de la estructura procesal para agilizar la aplicación de sentencias y separar los delitos más leves a fin de aliviar al Poder Judicial, la mediación extrajudicial y la ampliación del principio de oportunidades.

Sobre este punto, que seguirá en discusión en los próximos encuentros, Jorge Barrera, en representación del Partido de la Concertación, explicó que permitirá a las fiscalías operadores judiciales y defensas contar con un 90 % de los tratamientos que se transmiten por esa vía.

Foto de portada: Presidencia