Coleccionistas de armas cuestionan operativo policial en casa de Ángel González

El coordinador de Inteligencia del Estado, general del aire (r) José Bonilla, sugirió que se haga una «inspección a fondo» de todos los coleccionistas de armas del país.

Las declaraciones de Bonilla surgieron luego de que el viernes la Policía encontrara en una casa de un coleccionista de Carrasco un arsenal que incluía granadas antitanques, morteros, miras telescópicas para francotiradores, un millar de fusiles y más de 130 mil municiones.

En respuesta a estos dichos de Bonilla, el presidente de la asociación uruguaya de coleccionistas de armas, Roberto Symonds, dijo a el diario El País que, por ley, todos los coleccionistas hacen declaraciones juradas de las armas en su poder y están sujetos a inspecciones periódicas.

En ese sentido cuestionó el operativo en la casa del empresario Ángel González, en Carrasco. «Tiene toda la parte de arriba de la casa tapiada. Prácticamente no hay luz natural en la habitación donde están las armas», dijo, y agregó que «las piezas están expuestas en cajones forrados con pana», lo que lo hace algo más parecido a un museo que a un arsenal, según explicitó.

Además, dijo las armas que no cuentan con registro son anteriores al 1900 que, por ley, no requieren guía.

En lo que refiere a las tarrinas de pólvora, el presidente de la Asociación Uruguaya de Coleccionistas de Armas dijo que «eso también es legal, porque este hombre tiene título de cargador y por eso está habilitado a tener pólvora».

Por su parte, el secretario general de la Asociación Uruguaya de Coleccionistas de Armas, Julio César Lestido, dijo a Radio País, que no le consta que la denuncia del ex yerno del empresario haya hecho una denuncia por el tema de las armas. A esto se suma que la policía nunca hizo las consultas previas para determinar si se trataba de un coleccionista o no.

Consultada sobre el motivo de la requisa, la jueza Graciela Eustachio dijo a El País que “En una primera instancia iban a revisar las armas en el lugar” y “las que tenían documentación y estaban en regla no iban a ser sacadas del lugar”, pero “ante la imposibilidad de poder controlar y cotejar la información en el lugar me plantearon de poderlas llevar todas” y “fue lo que se hizo”, explicó Eustachio.

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