Futuro Gobierno propone pasar las fiscalías a la órbita de Presidencia

Siguen apareciendo críticas a la propuesta del futuro gobierno de que las fiscalías pasen de la órbita del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a depender directamente de la Presidencia de la República.

La medida, que se implementará por decreto, fue anunciada públicamente el miércoles por la futura ministra de Educación, María Julia Muñoz, en una entrevista con radio Uruguay. También incluiría a la dirección de registros y a la Junta de Trasparencia y Etica Publica.

El tema está siendo analizado por el futuro secretario de Presidencia Miguel Angel Toma y el próximo prosecretario Juan Andrés Roballo, designados para el próximo quinquenio, e incluye la creación de una secretaria nacional, que atenderá asuntos constitucionales, legales y registrales, que hoy son manejados por el MEC.

Ayer, dirigentes de la oposición manifestaron su discrepancia con la iniciativa. Las críticas se centran básicamente en que con ese cambio se perdería control parlamentario y que podría crecer la injerencia del Poder Ejecutivo, perdiendo los fiscales su independencia técnica. Además, sostienen que una modificación así requeriría de una ley y no se podría hacer por decreto.

Desde el ámbito técnico también hay cuestionamientos. Es el caso del fiscal Enrique Viana, que en diálogo con Informativo 610 sostuvo que el planteo es inconstitucional.

En tanto, para el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Juan Gómez, el cambio debería hacerse por medio de una ley.

Consultado por Informativo 610, dijo que la iniciativa no afectaría la independencia técnica de los fiscales pero podría generar dudas en la ciudadanía con respecto a la actuación de los fiscales.

En el oficialismo se quita dramatismo al asunto. El diputado oficialista, Daoiz Uriarte, uno de los referentes en asuntos jurídicos de la bancada frenteamplista, dijo a El País que la idea oficialista no supone «ninguna pérdida de garantías» porque la dependencia de los fiscales de Presidencia de la República sería «meramente administrativa».

«Los fiscales tienen autonomía. Yo no recuerdo que se haya llamado a ningún ministro de Educación por algo relativo a los fiscales. Y al presidente solamente se lo llamaría entonces por algún problema administrativo y no por la actuación de los fiscales», argumentó. Uriarte reconoció que «puede ser discutible» que los cambios puedan ser realizados mediante decreto pero consideró que es un punto «sutil, no es sustancial».