Gobierno apelará fallo favorable a funcionarios judiciales

El ministro de Economía, Danilo Astori, confirmó que el Poder Ejecutivo apelará el fallo de la justicia a favorable al aumento salarial reclamado por los funcionarios judiciales.

La Justicia falló a favor de los funcionarios judiciales que reclamaban un ajuste salarial de 26%, equivalente a unos US$56 millones. El fallo de primera instancia, que afecta a unos 3.800 funcionarios, es retroactivo a 2013 y se puede apelar.

Consultado por la prensa esta mañana, Astori dijo que el Gobierno irá a una segunda instancia porque entienden que prima la ley que estableció un incremento del 8% para los integrantes del Poder Judicial, votada en enero.

Astori descartó hablar del impacto que le podría generar perder el juicio al Estado hasta que “finalice el proceso de la Justicia”. Se estima que la deuda con los 3.400 funcionarios judiciales y los 400 actuarios oscila entre los 40 y 50 millones de dólares.

En tanto, los funcionarios judiciales realizarán hoy una asamblea general con paro de actividades y una marcha hacia la Suprema Corte de Justicia «a los efectos de la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 19.310», que estableció un aumento salarial del 8% para todos los funcionarios del Poder Judicial.

Pese a lo favorable de la sentencias, los judiciales toman con cautela el fallo de la Justicia.

En declaraciones a Radio País, el secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, Raúl Vázquez, opinó que este fallo es una «crónica de una muerte anunciada», ya que los gremios judiciales venían alertando de esta situación desde 2011.

De todas formas, el gremio se mantiene cauto ante la posibilidad de que el gobierno apele el fallo -lo que fue confirmado hoy- y dilate aún más la situación.

Según indicó Vázquez, tanto los magistrados como funcionarios han buscado tratar el tema con el presidente Tabaré Vázquez pero aún no han obtenido respuesta. En ese sentido, el dirigente sindical manifestó su preocupación ante la falta de interlocutores designados por el Ejecutivo para manejar la situación.