Porto: «Hasta el momento no tengo información sobre ningún caso de violencia»

El subsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Porto, negó que la demora en el arribo de un nuevo contingente de refugiados sirios esté vinculada a los supuestos casos de violencia doméstica en las familias que ya están afincadas en nuestro país.

Según informaba ayer Subrayado, el gobierno electo está analizando si mantiene la política de reasentamiento que inició en octubre del año pasado el presidente saliente José Mujica.

Fuentes de la futura administración consultadas por ese medio indicaron que todavía no está confirmado si llegará a Uruguay el segundo grupo de 80 sirios que estaba previsto para febrero.

El problema serían los presuntos casos de violencia machista que fueron denunciados la semana pasada en una nota del diario El Observador.

Sin embargo, el vicecanciller Porto dijo hoy a Informativo 610 que no hay relación entre esos dos hechos, y aseguró que lo único que se está estudiando es la capacidad de Uruguay de poder continuar recibiendo a estas familias.

De todos modos, Porto indicó que “lo más probable” es que sea el gobierno entrante el que termine decidiendo sobre la llegada del segundo contingente “porque no dan los tiempos”. Además, adelantó que para el futuro se va a evaluar otra manera de trabajo con los medios de comunicación para el tratamiento de todo lo que tiene que ver con información sobre refugiados.

La Justicia está investigando de oficio las denuncias de violencia doméstica en alguna de las familias sirias reasentadas en Uruguay. Este lunes declararon en la Justicia varios jerarcas del gobierno. La jueza penal de 10º turno, Dolores Sánchez, citará ahora al psicólogo Alejandro Vera, coordinador del plan de reasentamiento de los refugiados sirios.

La semana pasada, un informe de la Cancillería dio cuenta al Consejo de Ministros de las sospechas que había sobre presuntos casos de violencia doméstica entre los refugiados sirios, por lo que se alertó a la Policía Comunitaria y a los profesionales que trabajan con esas familias.

Sin embargo, a diferencia de lo que se sostenía en ese informe, el coordinador de la Policía Comunitaria, Leonardo Guardia, dijo ayer ante la Justicia que no recibió ninguna alerta por este tema.

Según contó a El Observador la fiscal María Camiño, tanto Guardia como el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa y el director nacional de Derechos Humanos, Javier Miranda aseguraron a la jueza penal Dolores Sánchez, que no tienen demostrado ningún caso de violencia.

Foto: Montevideo Portal